¿Qué pasa con el Centro de Interpretación Arqueológico de La Centinela?Crónica de un proyecto fallido: Dinero público, abandono institucional y promesas incumplidas

El caso del mirador de La Centinela en el municipio de San Miguel, reúne todas las características que definen la actual situación que sufre el patrimonio indígena en Tenerife. Desde su construcción a comienzos de los 90, pasando por su abandono, hasta las numerosas idas y venidas entre Ayuntamiento y Cabildo, el edificio enclavado en una de las zonas con mayor concentración de yacimientos arqueológicos del sur de la isla y en un espacio natural protegido como es el Roque de Jama, se ha convertido en el paradigma del despropósito que rige las políticas institucionales en lo que a la gestión del patrimonio guanche se refiere. En el mes de Septiembre sacabamos en prensa un comunicado en el que dábamos a conocer el abandono y la incertidumbre que aún hoy día sigue prevaleciendo sobre este proyecto. Un proyecto, que no olvidemos, de verse por fin realizado, supondría la apertura del primer Centro de Interpretación Arqueológica de Tenerife. Una necesidad que pese a la demanda reiterada durante décadas por parte de vecinos y colectivos patrimoniales, sigue sin materializarse.

Décadas de descoordinación entre instituciones, proyectos trasnochados que pretendían reconvertir el edificio en una escuela de hostelería con restaurante e intereses privados de por medio y partidas presupuestarias -como el millón cuatrocientos mil euros aprobado este mismo año- para finalizar las obras de acondicionamiento, y promesas políticas nunca cumplidas, definen este caso de desidia e incompetencia en materia de protección y divulgación patrimonial. Recientemente, en el mes de Octubre, desde el propio ayuntamiento se nos confirmó que las obras de reacondicionamiento- el edificio había sido vandalizado tras años de abandono total- habían comenzado y solo era cuestión de meses que se pusiera en funcionamiento. 

Tras la alerta de un vecino, que nos hizo saber que el edificio había sido “ocupado” ilegalmente por personas sin identificar, un miembro de nuestro colectivo se persona en las instalaciones acompañado del propio vecino para comprobar cual era la situación actual. El edificio estaba abierto y las obras no se habían retomado, pese a lo que nos aseguró un responsable municipal durante un encuentro entre colectivos patrimoniales, expertos y representantes del área patrimonial de las diferentes administraciones públicas. El candado roto, signos de vandalización, escombros, basuras, alimañas y un panorama que no coincide con la versión oficial. El propio vecino nos hace saber que al encontrar este panorama, alertó a la policía local de San Miguel, quienes le hacen saber que están al tanto del estado del edificio y de su vandalización. No es nada nuevo y la sensación es de que tampoco preocupa en exceso. Una semana después de la denuncia vecinal, el estado del inmueble es el mismo: Desamparo y vandalismo sin consecuencias legales ni actuaciones preventivas por parte de las autoridades locales.

Tras comprobar la situación real de las instalaciones, trasladamos la alarma al área de patrimonio del ayuntamiento sanmiguelero, con la intención de reunirnos y exponer la situación con carácter de urgencia. No conseguimos que se produzca dicha reunión, pero no obstante se informa mediante pruebas gráficas y con el testimonio del vecino colaborador de lo que está sucediendo. ¿Cómo es posible que por un lado se anuncie que las obras ya habían comenzado y que era cuestión de meses que el proyecto sea inaugurado, mientras la situación real es la de un edificio en ruinas, con cristaleras rotas, puertas forzadas, alumbrado destruído y materiales desaparecidos? Ni cartelería indicando el inicio de la obra, ni sobre la intención de recuperarlo, ni tan siquiera informando y/o alertando de las posibles sanciones que implican su vandalización. Sencillamente dejadez y abandono.

La indignación de los vecinos al comprobar el estado lamentable de este edificio, que ningúna promesa política ha llevado a ver culminado después de tres décadas desde su construcción, parece no encontrar respuesta. La comarca de Abona sigue siendo a día de hoy uno de los territorios que mayor número de bienes patrimoniales indígenas conserva, pese al acelerado ritmo de expolio y destrucción que sufre. La creación de un Centro de Interpretación no solo es un a demanda popular ignorada, sino un deber institucional no cumplido, que ignora el cometido para el que son elegidos y por el que se paga en última instancia a los responsables de la administración. La divulgación, protección, conservación y puesta en valor del legado insuloamaziq, son competencias públicas de imperativo jurídico según dicta la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias del 2019. El que no se haya llevado a cabo ninguna actuación en la materia, comporta en sí mismo una ilegalidad y una falta de cumplimiento del deber manifiesta. 

No solo se trata de dejadez, indiferencia y abandono. Estamos hablando de una ilegalidad que se prorroga con la complicidad de las autoridades locales. Las quejas de los vecinos no consiguen ni tan siquiera que la policía actúe para realizar algo tan básico como un precintado y vigilancia de las instalaciones, impidiendo mayores daños y por tanto mayor gasto de dinero público destinado en rehabilitar un inmueble que lleva décadas cerrado y abandonado.

Colectivo Imastanen

Defendiendo el legado superviviente