NUEVA AGRESIÓN AL PATRIMONIO GUANCHE EN ANAGA: EL COLECTIVO IMASTANEN DENUNCIA LA NEGLIGENCIA EN LA SEÑALIZACIÓN DE SENDEROS

Desde el Colectivo IMASTANEN nos vemos obligados a denunciar públicamente un nuevo y grave atentado contra el patrimonio arqueológico de Tenerife. En esta ocasión, los hechos han tenido lugar en un punto emblemático del Parque Rural de Anaga, donde operarios encargados del mantenimiento de la red de senderos han realizado marcas de pintura (señalización de pequeño recorrido) directamente sobre una estación de grabados rupestres de origen indígena.

Una reincidencia inaceptable

Desde IMASTANEN recordamos que este no es un caso aislado. Hace exactamente un año, el colectivo ya denunció un hecho idéntico en el municipio de Adeje, y poco antes, otra agresión similar en La Matanza. "Resulta inconcebible que, tras reiteradas advertencias, la administración siga permitiendo que personal sin la más mínima formación en patrimonio actúe sobre soportes de piedra con grabados ancestrales que han sobrevivido al expolio y la erosión de los elementos durante siglos.

Falta de coordinación y formación: Los responsables

El colectivo señala directamente la nula coordinación entre las áreas de Medio Natural y Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife, así como con las entidades públicas o privadas (como la empresa pública GESPLAN o contratas externas) que se encargan de ejecutar los trabajos de señalización y mantenimiento.

Es incomprensible que se envíen cuadrillas a señalizar rutas en zonas de altísimo valor arqueológico sin un protocolo de identificación de bienes. Los grabados afectados son perfectamente visibles a simple vista; que un operario use un petroglifo como "lienzo" para una marca de pintura demuestra una carencia absoluta de eficiencia y formación específica.

Consecuencias legales y sanciones

Según la Ley 11/2019 de Patrimonio Cultural de Canarias, los grabados rupestres gozan de la máxima protección legal. Este tipo de actos se tipifican como infracciones que pueden llegar a ser Muy Graves (Art. 132), con sanciones que oscilan entre los 150.001 y los 600.000 euros.

La responsabilidad legal recae tanto en los autores materiales - la empresa encargada de la señalización- como en la administración promotora (Cabildo de Tenerife) por "culpa in vigilando" y falta de supervisión técnica. 

IMASTANEN ya ha informado al Área de Patrimonio del Cabildo para que  se actúe de inmediato en la depuración de responsabilidades.

Recordar además que Santa Cruz, municipio al que corresponde esa franja de Anaga, sigue sin haber actualizado su catálogo arqueológico municipal y con ésto, continúa incumpliendo su obligación legal en lo que a la custodia y protección del patrimonio material guanche se refiere. Sin este catálogo municipal concluído y con la mayoría de yacimientos existentes sin registrar, la responsabilidad recae en primer lugar sobre el gobierno municipal y a continuación en Cabildo y Gobierno Canario consecutivamente. Tres administraciones competentes y muchos de nuestros yacimientos amenazados y sin ningún tipo de supervisión efectiva.

Anaga al límite: El hartazgo vecinal

Este atentado arqueológico es, para IMASTANEN, la "gota que colma el vaso" en una comarca ya castigada por el abandono. Los vecinos de Anaga viven una situación de hartazgo y saturación. A pesar de ostentar los títulos de Parque Rural y Reserva de la Biosfera, la realidad diaria es la de un territorio desbordado por el turismo de masas, colapsos de vehículos y una gestión que parece priorizar la señalización para visitantes por encima del respeto a los habitantes y al legado histórico de la zona.

Anaga no puede ser un parque temático descuidado donde se atropellan los derechos de los vecinos y se destruye el patrimonio guanche por pura desidia administrativa.

En último término, la experiencia nos demuestra no solo que este tipo de infracciones en la mayoría de los casos quedan sin investigar y resolver, sino que además nada se hace para prevenirlas en el futuro. Y aún en el caso de que se encuentre a los responsables y se abra un expediente, éstos o bien se dejan caducar o al final, como en este caso, lo pagamos todos de nuestro bolsillo al tratarse de una infracción cometida por la propia administración pública -quien en última instancia delega las labores de señalización a terceros- como encargada de velar por el patrimonio natural y cultural. Es decir, si se llegase a decretar sanción económica, la pagaremos todos los y las contribuyentes, como ya ha sucedido con anterioridad. 

Colectivo Imastanen

Defendiendo el legado supervivirnte