Más de cuatro meses de silencio

“MÁS DE CUATRO MESES DE SILENCIO: MIENTRAS LA ADMINISTRACIÓN CALLA, EL PATRIMONIO DE CANARIAS SE DESTRUYE” 

Asociaciones, colectivos y ciudadanía reiteran su denuncia por inactividad administrativa y exigen a la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural que cumpla la Ley 11/2019

 Canarias, octubre de 2026. — El 5 de junio de 2026, asociaciones, colectivos y particulares presentamos ante la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias un escrito de denuncia y exigencia de cumplimiento de la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias. El escrito tuvo entrada efectiva en el Registro General Electrónico del Gobierno de Canarias el 9 de junio de 2026, con el correspondiente justificante acreditativo. 

En aquel documento no hacíamos una queja genérica. Denunciábamos hechos concretos: el incumplimiento sistemático de ayuntamientos y cabildos de sus obligaciones legales; la ausencia de catálogos municipales e insulares; el abandono de Bienes de Interés Cultural; la concesión de licencias sin los preceptivos informes de patrimonio; y la destrucción, alteración o deterioro de bienes arqueológicos, etnográficos, arquitectónicos e históricos. Pedíamos a la Administración autonómica que ejerciera sus competencias de coordinación, alta inspección, tutela, inspección y sanción. 

Han pasado más de cuatro meses. No hemos recibido resolución expresa, ni comunicación sobre la tramitación, ni requerimiento de subsanación, ni acuerdo de inicio, ni archivo motivado, ni respuesta sustantiva alguna. Nada. Silencio administrativo mientras el patrimonio sigue cayendo. 

Ese silencio no es neutral. Mientras la Dirección General calla, los incumplimientos se consolidan, las obras avanzan, los yacimientos se destruyen y los bienes protegidos se abandonan. El tiempo no pasa en vano: cada día que transcurre sin actuación administrativa es un día más de pérdida irreparable para nuestra memoria, nuestra identidad y nuestra historia. 

Por eso hemos presentado una reiteración, denuncia de inactividad administrativa y requerimiento de actuación. Exigimos que se dicte respuesta expresa y motivada; que se informe sobre si se ha realizado alguna actuación inspectora, técnica o jurídica; que se explique el grado de cumplimiento de la Disposición Transitoria Sexta de la Ley 11/2019 sobre catálogos municipales; que se detallen las actuaciones de alta inspección, coordinación y tutela; y que, cuando proceda, se adopten medidas cautelares y se incoen los procedimientos sancionadores correspondientes. 

La Ley 11/2019 atribuye a la Comunidad Autónoma competencias expresas de coordinación, alta inspección y tutela (artículo 15). También establece que la inspección del patrimonio cultural es de inexcusable observancia (artículo 134) y que las administraciones deben vigilar, controlar, levantar actas, emitir informes y proponer medidas cautelares (artículo 136). No es una ley decorativa. Es una obligación legal, el artículo 21 de la Ley 39/2015 obliga a resolver expresamente, y el artículo 62 regula la denuncia. La Administración no puede convertir el silencio en su única respuesta. 

La ciudadanía no puede seguir siendo testigo impasible de cómo se destruye su patrimonio mientras la Administración mira hacia otro lado. El silencio administrativo no puede convertirse en la política patrimonial de Canarias. No vamos a aceptar que la falta de voluntad política se disfrace de falta de medios, de reformas futuras o de trámites interminables. 

Cada día de retraso es una pérdida irreversible. Cada catálogo que no se aprueba es un bien más expuesto. Cada licencia sin informe es una autorización para destruir. Cada silencio es una cómplice dejación de funciones. 

Por todo ello, exigimos a la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias: 

1. Respuesta expresa, motivada y notificada a las solicitudes y denuncias presentadas. 

2. Información completa sobre las actuaciones realizadas desde el 9 de junio de 2026. 

3. Cumplimiento efectivo de las competencias de alta inspección, coordinación y tutela. 

4. Medidas cautelares y preventivas para evitar daños irreversibles. 

5. Incoación de los procedimientos sancionadores que legalmente correspondan. 

6. Transparencia sobre el estado de los catálogos municipales e insulares. 

No pedimos favores. Pedimos el cumplimiento de la ley. No defendemos un interés particular. Defendemos el patrimonio de todas y todos. Y no vamos a dejar de denunciar, reiterar y exigir hasta que la Administración responda y actúe. 

El tiempo no pasa en vano. Cada día se destruye nuestro patrimonio, nuestra historia. Y cada día de silencio también es una forma de destruirlo.